Posted on 03/12/2020

Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, se calcula que alrededor de un 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad.

Hasta no hace muchos años, para dirigirnos al colectivo de personas con discapacidad, se empleaba el término minusválido hasta que, con el paso del tiempo, se sutituyó por el de discapacidad, definido por la OMS como la restricción o ausencia de capacidad para desplegar una actividad de la manera normal o dentro de los límites considerados normales para un ser humano. No obstante, está empezando a usarse desde unos pocos años atrás, el término diversidad funcional, para hacer referencia al hecho de que todas las personas con discapacidad, son diversas porque no todas son iguales ni afectan de igual manera a cada persona.

No ha sido ni sigue siendo fácil, conseguir una igualdad real y efectiva para este colectivo poblacional. Se empezó considerando a una persona con discapacidad como un castigo divino, un motivo del que avergonzarse y esconder (modelo de prescindencia). Después de la II Guerra Mundial, la discapacidad era la consecuencia de fenómenos biológicos a los que había que ponerles un remedio para conseguir la normalización de la persona en la sociedad (modelo médico-rehabilitador).

Entre los años 60-70, Ed Roberts, estudiante en la Universidad de Berkeley (California), promovió bajo el modelo social, la defensa de la Vida Independiente, es decir, defendía que las personas con discapacidad, eran sujetos de derechos como cualquier otra persona y no debían adaptarse a la sociedad, sino ser ésta la que debía hacerlo.

Finalmente, en 2001 se creó en España el Foro de Vida Independiente bajo el modelo de la diversidad, siguiendo la estela que había dejado Ed Roberts en su momento y, el 13 de diciembre  de 2006, tuvo lugar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en la ciudad de Nueva York, documento basado en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. Obliga a tener en cuenta y respetar a las personas con discapacidad, como sujetos de derechos y obligaciones, exactamente como cualquier otra persona.

Pese a ello, y aún existiendo legislaciones desde el nivel internacional hasta el autonómico, son muchas las situaciones de desigualdad y vulnerabilidad que sigue sufriendo el colectivo. Siguen habiendo barreras arquitectónicas tanto en la calle, como transporte público y edificios. Las probabilidades de encontrar un empleo en condiciones, son ínfimas. Y así lo avalan datos del Instituto Nacional de Estadística con fecha de 2018; la tasa de empleo era del 25,8% mientras que la del paro, del 25,2%.  El riesgo de pobreza y exclusión social es mayor en las familias que tienen al menos a un miembro con discapacidad. Y, qué decir del sexo femenino.

En el campo educativo, aún queda mucho camino por recorrer. Falta una apuesta férrea para que niños/as reciban una educación de calidad adecuada a sus necesidades y/o capacidades. Según el Observatorio Estatal de la Discapacidad, las tasas de analfabetismo son mayores que en niños/as que no tienen discapacidad alguna y lo mismo sucede con el nivel de estudios, mucho más inferior. 

No menos importante es, fomentar desde los centros educativos, independientemente de la categoría (pública, privada o concertada), la educación inclusiva, de respeto hacia los/as demás, hacia el/la “diferente”. Porque, las barreras, las diferencias, las crea la sociedad, no la persona con discapacidad.

Así pues, luchemos por la plena inclusión de este colectivo poblacional, porque son personas como cualquier otra. Tienen los mismos derechos y obligaciones. No son más ni menos que nadie. Ante todo, y que no se nos olvide: SON PERSONAS.